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El Certificado Energético es requisito obligatorio, desde el pasado 1 de junio, para vender o alquilar una vivienda, oficina o local.

Del mismo modo que un propietario informa al comprador o inquilino de la superficie, ubicación, estado y características de su vivienda, deberá avisar de su eficiencia energética. El certificado de eficiencia energética es un documento oficial que dice si el estado de un inmueble favorece el ahorro de energía o por el contrario la está derrochando.

No hay que tener una calificación determinada para vender o alquilar el inmueble, solo es una etiqueta informativa para futuros compradores o inquilinos. Es obligatorio tenerla. De hecho, para poder publicitar tu inmueble ya sea en escaparates de las inmobiliarias, como en portales inmobiliarios o en tu propia fachada, esta etiqueta deberá aparecer.

Desde la Asociación profesional de Sociedades de valoración, ATASA, señalan que hasta ahora, en el proceso de compra o alquiler de una vivienda, el coste energético de su uso no ha sido apenas considerado, pero eso va a cambiar a partir de ahora. Tener una calificación alta te ayudará a que la valoración del inmueble sea mayor, penalizando aquellas que tienen una calificación baja.

Para obtener el certificado energético, un técnico acreditado (arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero e ingeniero técnico) visitará el inmueble. Recopilará datos de todo tipo: administrativos y catastrales, materiales de construcción que componen la envolvente (fachada, huecos, cubierta, suelos), sistemas de generación de energía... Después se realizará un estudio y según los parámetros ya establecidos se asignará una etiqueta energética válida para los próximos 10 años. Los indicadores que se valoran son calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria e iluminación, tanto en términos de energía como de emisiones de CO2.

¿Qué pasa si la calificación es muy baja? El mismo técnico te aconsejará sobre lo que debes hacer para mejorarla. Te propone medidas encaminadas a reducir la demanda del edificio y a aumentar el rendimiento de las instalaciones, con una estimación de cada una de las inversiones y el periodo de retorno de las mismas.

La inspección del cumplimiento corresponderá a las comunidades autónomas. Habrá sanciones desde 300 a 6000 euros para quienes no cumplan con el certificado energético.